Cuando los líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, Diego Diego Marcos, Arturo Pablo Juan, Francisco Juan Pedro y Sotero Adalberto Villatoro, se presentaron al Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Eulalia para solventar su situación legal la mañana de ayer jueves, a los tres últimos se les ordenó captura por los delitos de plagio o secuestro, amenazas, instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilícitas, acusación que fue hecha por la empresa Hidro Santa Cruz.
Esta acción alertó inmediatamente a la población, pues en el proceso de diálogo que se inició con autoridades de gobierno desde octubre de 2013, especialmente con el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla, se acordó que no debían girarse más órdenes de captura contra los líderes comunitarios.
Unos 500 pobladores se aglomeraron frente a las instalaciones del Centro de Atención de Justicia, CAJ, desde las 13 horas, para pedir la liberación de los tres detenidos.
Ante la presión de la población, el juez Luis Fernando Pérez dialogó con algunos líderes y realizó una nueva audiencia, donde el abogado defensor, Sergio Arturo Vives, solicitó arraigo domiciliario para los dirigentes sociales.
En esta audiencia solamente se estuvo el Ministerio Público, pues el abogado de la empresa Hidro Santa Cruz, Víctor Hugo Má Villatoro no se presentó, aunque de parte del juzgado lo estuvieron localizando
Finalmente el juez resolvió que los líderes quedan ligados a los delitos de detenciones ilegales en vez de plagio o secuestro, dictándoles arraigo domiciliario, en vez de ser trasladados a la cárcel de Huehuetenango, así como la prohibición de salir de Guatemala y de acercarse a los agraviados, en este caso, a la empresa Hidro Santa Cruz.
Con esta resolución, los acusados tendrán que presentarse todos los lunes para firmar el libro de beneficiarios con medida sustitutiva y se fijó una próxima audiencia para el 15 de abril donde se dará continuidad al caso.
Aunque los pobladores se mostraron satisfechos con lo resuelto, manifestaron su descontento con las actuaciones de las autoridades de justicia, por lo que pidieron la destitución del juez y del fiscal del Ministerio Público que investigó el caso.
Los vecinos permanecieron en las afueras del CAJ, hasta más de las nueve de la noche, pues esperaron que líderes conversaran con Pascual Tiu Zapeta, coordinador de esta institución, para exponer la solicitud de destituir al juez.
Hoy se entregará un memorial con las firmas de pobladores de Santa Cruz Barillas, San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy, San Sebastián Coatán y Santa Eulalia, para que sea trasladado a las autoridades correspondientes, y conozcan la solicitud e inconformidad de la población.
